El Consejo de Ministros aprobó el viernes un Real Decreto, que contempla cuál será el procedimiento básico para la certificación energética que deben cumplir los edificios de nueva construcción. Con esta norma, será obligatorio que tanto los inmuebles nuevos como los que se rehabiliten o se proyecten a partir de este año, dispongan de la Certificación de Eficiencia Energética.
Es decir, deberán tener una etiqueta energética similar a la que tienen otros productos de consumo doméstico. Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado la obligación de disponer de visado a los ciudadanos bolivianos que pretendan viajar a España. Además, el Ejecutivo aprobó la reforma del Reglamento Notarial, con el objetivo de introducir nuevas tecnologías para facilitar los trámites a los ciudadanos, y ayudar a las Administraciones Públicas a luchar contra el fraude, el blanqueo de capitales o alteraciones catastrales.
La certificación de energía es una de las medidas de desarrollo del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética que está llevando a cabo el Ministerio de Industria, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE. Además, la nueva norma se contempla también en el Código Técnico de la Edificación, aprobado en los últimos meses de 2006. Este nuevo requisito será indispensable para todos los edificios que sean proyectados, construidos, vendidos o alquilados a partir de este año. De este modo, se deberá poner a disposición del inquilino o comprador un certificado de eficiencia energética que le permita comparar y evaluar la eficiencia energética del inmueble. Sin embargo, la norma no afectará, de momento, a los edificios existentes.
Junto a este certificado, estos edificios dispondrán de una etiqueta energética, similar a las que presentan ya otros productos de consumo doméstico, como los electrodomésticos, lámparas y vehículos. Esta etiqueta estará incluida en toda la publicidad utilizada en la venta o alquiler del edificio. Así, a cada edificio se le asignará una clase energética siguiendo una escala de siete letras y siete colores que determinarán si el edificio es más (clase A) o menos ( clase G) eficiente. En rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta del Gobierno Fernández de la Vega destacó que con la implantación de esta distintivo la eficiencia energética podrá ser tenido en cuenta como un elemento más a considerar por el comprador de un inmueble.
La valoración se hará en función del CO2 emitido por el consumo de energía de las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación del edificio en unas determinadas condiciones de uso. Uno de los objetivos de esta nueva medida será favorecer una mayor transparencia del mercado inmobiliario, fomentando también las inversiones en ahorro de energía. En el Consejo se aprobó también un Real Decreto que modifica el Reglamento de la organización y régimen del Notariado. De esta forma se mejorará la prestación de la función pública notarial, con la incorporación de las medidas necesarias para una implantación de las nuevas tecnologías de manera eficiente.
Esta nueva reforma persigue cinco objetivos: ahorro de costes para el ciudadano, garantizar el derecho a la libre elección de notario, reformar las formas documentales y el carácter de funcionario público de los notarios y modificar la organización corporativa. Con esta modificación se perseguirá también conseguir implantar nuevas tecnologías en este colectivo. Esta medida obligará al notario a expedir una copia autorizada electrónica en el mismo día, cuando sea preceptiva una inscripción. Con ello se pretende reforzar la seguridad del sistema, dejando en un segundo lugar al fax.
econoticias.com
Es decir, deberán tener una etiqueta energética similar a la que tienen otros productos de consumo doméstico. Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado la obligación de disponer de visado a los ciudadanos bolivianos que pretendan viajar a España. Además, el Ejecutivo aprobó la reforma del Reglamento Notarial, con el objetivo de introducir nuevas tecnologías para facilitar los trámites a los ciudadanos, y ayudar a las Administraciones Públicas a luchar contra el fraude, el blanqueo de capitales o alteraciones catastrales.
La certificación de energía es una de las medidas de desarrollo del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética que está llevando a cabo el Ministerio de Industria, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE. Además, la nueva norma se contempla también en el Código Técnico de la Edificación, aprobado en los últimos meses de 2006. Este nuevo requisito será indispensable para todos los edificios que sean proyectados, construidos, vendidos o alquilados a partir de este año. De este modo, se deberá poner a disposición del inquilino o comprador un certificado de eficiencia energética que le permita comparar y evaluar la eficiencia energética del inmueble. Sin embargo, la norma no afectará, de momento, a los edificios existentes.
Junto a este certificado, estos edificios dispondrán de una etiqueta energética, similar a las que presentan ya otros productos de consumo doméstico, como los electrodomésticos, lámparas y vehículos. Esta etiqueta estará incluida en toda la publicidad utilizada en la venta o alquiler del edificio. Así, a cada edificio se le asignará una clase energética siguiendo una escala de siete letras y siete colores que determinarán si el edificio es más (clase A) o menos ( clase G) eficiente. En rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta del Gobierno Fernández de la Vega destacó que con la implantación de esta distintivo la eficiencia energética podrá ser tenido en cuenta como un elemento más a considerar por el comprador de un inmueble.
La valoración se hará en función del CO2 emitido por el consumo de energía de las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación del edificio en unas determinadas condiciones de uso. Uno de los objetivos de esta nueva medida será favorecer una mayor transparencia del mercado inmobiliario, fomentando también las inversiones en ahorro de energía. En el Consejo se aprobó también un Real Decreto que modifica el Reglamento de la organización y régimen del Notariado. De esta forma se mejorará la prestación de la función pública notarial, con la incorporación de las medidas necesarias para una implantación de las nuevas tecnologías de manera eficiente.
Esta nueva reforma persigue cinco objetivos: ahorro de costes para el ciudadano, garantizar el derecho a la libre elección de notario, reformar las formas documentales y el carácter de funcionario público de los notarios y modificar la organización corporativa. Con esta modificación se perseguirá también conseguir implantar nuevas tecnologías en este colectivo. Esta medida obligará al notario a expedir una copia autorizada electrónica en el mismo día, cuando sea preceptiva una inscripción. Con ello se pretende reforzar la seguridad del sistema, dejando en un segundo lugar al fax.
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