by G. Búster Como es habitual, el Consejo Europeo de primavera (7 y 8 de marzo 2007) ha estado dedicado al debate de las cuestiones económicas y sociales. El punto fundamental de la agenda ha sido la política energética y el cambio climático. La Presidencia alemana ha conseguido su objetivo de una propuesta unilateral con gancho de cara a la reunión del G-8 en junio, donde defenderá el impulso de las negociaciones para un Acuerdo post Kyoto en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2007-2009. Pero el concepto de la energía como un servicio público esta totalmente ausente, sacrificado a la dinámica interna de un mercado único en formación bajo el dictamen de las grandes empresas energéticas europeas.
El Consejo Europeo y la Comisión continúan la aplicación sistemática de la Agenda de Lisboa, a través de los planes nacionales, en el marco de las políticas neoliberales que siguen erosionando el llamado modelo social europeo. Y ello a pesar de la recuperación económica que se extiende al conjunto de los estados miembros. La izquierda europea no debe apoyar esta estrategia que divide a su base social y que a la larga sacrifica a los beneficios empresariales el mismo proyecto de construcción europea.
1- Un contexto de recuperación económica que pagan los trabajadoresEl Consejo toma buena nota de la importante recuperación de la economía europea, en especial de la zona euro y de Alemania, con una tasa de crecimiento fuerte del 2,7%. Este cambio cíclico alcista ha supuesto ya una política monetaria más restrictiva del Banco Central Europeo, con subidas de sus tipos hasta el 3,75% (aunque se sitúan un punto y medio por debajo de los tipos de la Reserva Federal para el dólar).
El contexto de esta recuperación, sin embargo, no esta exento de peligros. Hay un crecimiento de la economía mundial, sobre todo de la capacidad productiva, que implica una fuerte competencia por cuotas de mercado, que afectan a una economía exportadora como la europea. Las exportaciones europeas tienen que competir con un dólar muy devaluado, lo que abre el interrogante de las posibles estrategias para mantener su competitividad. Bien una estrategia de incremento de la productividad que permita salarios y empleos de calidad, o una reestructuración que haga recaer en los trabajadores, sus salarios y calidad de empleo la presión por la competitividad.
La disyuntiva es de gran importancia y en definitiva vive en el enfoque contradictorio y un poco esquizofrénico de la Agenda de Lisboa, con sus distintos énfasis en innovación tecnológica y modelo social europeo, pero reinterpretado desde la óptica de la "flexiseguridad", que es en definitiva la opción por un mantenimiento de la competitividad frente al dólar basado en un ataque contra los trabajadores y el modelo social europeo.
En este sentido, los debates de Consejo siguen marcando una tendencia muy preocupante, cuya filosofía es posponer siempre a la consolidación de los beneficios empresariales cualquier otra consideración de política social o económica. En el desarrollo temporal, primero se aplica la "flexiseguridad", que es la continuación de las reformas estructurales contra el empleo estable, las pensiones, ampliación de la edad de jubilación -con sus consecuencias presupuestarias-, y se deja para más adelante desde el estudio de la nueva situación social europea, que la Comisión debe hacer, a las medidas sociales previstas en la Agenda de Lisboa.
Pero la realidad es que los salarios siguen cayendo: "la participación de los salarios ha alcanzado los niveles históricos más bajos en los últimos años". Lo dice el propio informe de la Comisión Desarrollo de los salarios y de los costes laborales en la zona euro: el peso de los salarios sobre la renta total ha caído desde el 68% en 1993 al 64% en 2006. Y añade: "los costes nominales laborales unitarios han crecido a un ritmo significativamente más bajo que el objetivo de estabilidad de los precios del 2% en los últimos años". Todo ello ha supuesto que los ingresos por empleado "han registrado el crecimiento histórico más bajo, el 2,6% entre 1995 y 2005".
Según este análisis de la situación económica de la UE, si se produjera un ajuste al alza de la participación salarial en la distribución de la renta, "los salarios podrían crecer a un ritmo mayor que la productividad, sin que esto tuviera como reflejo unos precios más altos y por tanto sin poner en riesgo la estabilidad monetaria". Esto implicaría que "los beneficios marginales, actualmente a niveles altos, deberían absorber parte del incremento de los costes laborales".
No se trata solo de "buenos sentimientos" por parte de unos responsables económicos europeos, que han dado cumplidas muestras de que parte están. Cuando el Financial Times hace campaña sistemática desde hace meses por un aumento de las rentas salariales en los convenios sindicales, es porque hay una profunda preocupación de que para que la recuperación europea sea sostenible, es necesario un aumento sustancial de la demanda interna, que depende esencialmente de los salarios.
El ejemplo de EE UU no puede ser más significativo. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, expresó en su discurso del pasado 6 de febrero su inquietud por el fuerte crecimiento de las desigualdades en su país, en especial en el fuerte aumento de las diferencias de renta: el 1% de las familias más ricas ha pasado de representar el 8% del total del pastel en 1979, al 14% en 2004. Por el contrario, el 20% de los hogares más pobres han visto descender su participación en el pastel desde el 7% al 5%, en el mismo periodo. Dada la importancia del mercado inmobiliario en la capacidad de endeudamiento de los trabajadores en EE UU, la caída en el PIB del último trimestre en EE UU en un 0,1% tiene que ver directamente con una caída en el consumo en EE UU ligada a esas desigualdades.
La cuestión en Europa es por lo tanto en que medida la recuperación económica va a permitir un reforzamiento del modelo social europeo a través de una mayor participación de los salarios en la renta total y reforzar la demanda interna. En que medida la mayoría de los europeos van a poder compartir o no las tasas de de beneficios de las grandes empresas europeas, que alcanzan records históricos que, en algunos países como España se sitúan de media para el Ibex 35 en un 30% por cuarto año consecutivo.
En esta situación una política de creación de empleos de calidad, junto con aumentos salariales, es crear la legitimidad imprescindible para poder seguir avanzando en el proyecto político de la construcción europea. El Consejo Europeo propone pasar del 64% al 66% de la población empleada. ¿Con que planes concretos, con que incentivos? No puede ser a través de la "flexiseguridad", el empleo precario y la extensión de la edad de jubilación porque su efecto seria aumentar la erosión de modelo social europeo que están detrás del rechazo del proyecto neoliberal de Tratado Constitucional.
Debería ser evidente -incluso para los miembros del "Club de Madrid" que siguen defendiendo el proyecto neoliberal de Tratado constitucional europeo-, que no se puede construir más Europa con menos derechos sociales para los europeos. Pero la orientación general del Consejo Europeo, aun en un ciclo de recuperación económica, sigue siendo la "flexiseguridad". Es decir, basar la recuperación de la competitividad europea en los mercados internacionales frente a un dólar devaluado en la erosión del modelo social europeo, en la contención salarial en una época de beneficios empresariales y en una debilidad de la demanda interna que resta autonomía y márgenes de maniobra a las políticas económicas europeas. Una orientación que ha sido denunciada por el vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos, Reiner Hoffmann.
2- Cambio climático: regulando intereses no necesidadesEn la Unión Europea, a diferencia de EE UU, no existe un margen político para poner en cuestión las evidencias científicas del cambio climático y sus efectos desastrosos en un periodo de tiempo de menos de cien años. Las instituciones europeas y las grandes empresas han visto en la lucha contra el cambio climático una oportunidad de crear nuevos mercados globales, como el de cuotas de emisiones de CO2 o tecnología verde anticontaminante, y también de recuperar la producción de energía eléctrica nuclear. La Unión Europea ha sido el sujeto político más importante en los Acuerdos de Kyoto. Y quiere volver a jugar este papel en la nueva Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que debe buscar un marco regulatorio global que incluya a EE UU, Australia y China.
El problema de la presidencia alemana cara a la cumbre del G-8 en junio es como construir una posición comunitaria tras la Ampliación que le permita a la vez responder a la presión de un electorado cada vez mas movilizado por los temas ecológicos y al desarrollo de un mercado común energético europeo en buena parte dependiente para sus suministros de hidrocarburos de Rusia.
El comodín que ha permitido llegar a un acuerdo es el horizonte de un nuevo ciclo de producción de energía nuclear en los nuevos estados miembros de Europa central y el báltico pero con tecnología francesa y alemana en vez de rusa. En el mercado común energético, el origen "sucio" de esa energía eléctrica nuclear quedará absorbido en la red general de distribución, al mismo tiempo que dota de autonomía energética a los estados miembros de Europa central y bálticos por los que atraviesan los oleoductos y gaseoductos hasta el corazón de la zona euro.
Por lo tanto, no es ingenuo ese apartado final en el Plan de Acción Energético aprobado por el Consejo Europeo. Pero ni la energía nuclear es neutral en relación con las emisiones de CO2 como se parece pretender ni esta exenta de contradicciones la compatibilidad del principio de decisión individual de uso de cada estado miembro con la imprescindible regulación comunitaria de las normas de seguridad y tratamiento de residuos.
Pero ese es el precio que ha pagado Merckel y la presidencia alemana por una iniciativa unilateral que refuerce su posición negociadora en el G-8 y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La posición unilateral se basa en tres compromisos: 1) una reducción del 20% de las emisiones comunitarias de gases invernadero para el 2020, cualquiera que sea la posición de EE UU, Australia o China en las futuras negociaciones; 2) alcanzar el 20% de energías renovables para el conjunto de la UE en la misma fecha; 3) regular obligatoriamente en cada estado miembro el consumo de un 10% de biocombustibles.
Hay que señalar los limites de este triple compromiso unilateral, que está lejos de las proporciones necesarias para una lucha consecuente del cambio climático. Porque el objetivo señalado como imprescindible por la comunidad científica en la reducción de gases invernadero no es el 20%, sino el 30% para el 2020, en el horizonte de llegar a un 60% en el 2050, una vez que la atmósfera ha alcanzado un nivel de concentración de gases invernadero que se sitúa en la parte baja de la horquilla de peligro (450-550 ppmv).
La capacidad de producción potencial de energías renovables es mucho mayor con una regulación adecuada del mercado y la tasa del 10% de biocombustibles parece marcada más por las necesidades de asegurar en toda la UE una demanda de mercado para la grandes empresas productoras que de asegurar la mezcla necesaria de fuentes de energía para alcanzar la cuota de reducción del 20% de gases invernaderos.
Pero más importante que este compromiso a medias con la lucha contra el cambio climático es la ausencia de una referencia también con cuotas a las imprescindibles políticas de ahorro energético. Frente a un modelo de desarrollo sostenible, la política energética comunitaria viene dictada por las necesidades de un mercado común neoliberal regulado de manera oligópólica por las grandes empresas europeas de la energía a través de la Comisión. Por eso tampoco hay ninguna referencia a la energía como un servicio público regulado sobre la base del principio de acceso universal de todos los ciudadanos europeos. Por el contrario, como recoge el articulo III-157 del proyecto neoliberal de Tratado Constitucional, se "garantiza" el abastecimiento del mercado y su funcionamiento, se "fomenta" la eficiencia energética y las energías alternativas, pero se mantiene la competencia de los estados miembros para decidir su modelo energético. El déficit de la Europa de la energía es tan evidente como el de la Europa social.
La izquierda europea necesita por lo tanto un modelo más radical y comprometido de lucha contra el cambio climático, que empiece con medidas unilaterales de más calado. Y necesita un modelo de comunitarización de la energía que parta no de los beneficios de las empresas oligopólicas del sector energético sino de las necesidades de los ciudadanos, a partir de su concepción de servicio público universal. Estamos todavía muy lejos de esa concepción y, por lo tanto, de una Europa ecológica y sostenible.
3- El futuro de Europa convertido en un tema de cenaEl impasse sobre el Tratado Constitucional tuvo que quedar relegado a la cena de los jefes de estado y de gobierno del 8 de marzo. La presidencia alemana quería forzar un cuarto apartado en la declaración sobre el 50 Aniversaria del Tratado de Roma del próximo 25 de marzo con un compromiso de acuerdo sobre el futuro del Tratado Constitucional para finales de la presidencia portuguesa en el segundo semestre del 2007 y la ratificación del nuevo tratado antes de las elecciones al Parlamento Europeo del 2009.
A pesar del nuevo lobby de 19 estados miembros creado en Madrid bajo el patrocinio español, el Tratado constitucional neoliberal parece condenado por la oposición cerrada de Reino Unido, Polonia, República Checa, Países Bajos y Francia. El texto rechazado es inaceptable políticamente para quienes lo rechazaron por sus políticas neoliberales convertidas en ley. Pero el reforzamiento de los derechos sociales como contrapartida es inasumible para quienes se oponen a cualquier proceso de construcción política. El bloqueo parece total, a pesar de las intenciones de la presidencia alemana, a lo que no ayuda la falta de peso y entusiasmo portugués, que tiene otras prioridades para su próxima presidencia.
Por ello, la solución más realista para continuar el proceso de construcción política europea es la apertura de un auténtico proceso constituyente a partir de las elecciones al parlamento europeo del 2009. Que el nuevo parlamento europeo se convierta en una asamblea constituyente que discuta y elabore un nuevo borrador de Tratado Constitucional a partir de la única institución verdaderamente representativa de los ciudadanos europeos. Y que se someta el resultado de su trabajo constituyente a un referéndum europeo, acompañado por las ratificaciones de los estados miembros según sus legislaciones internas. No solo es el proceso más democrático para construir más Europa, comienza a ser además el único viable.
Porque la situación actual de funcionamiento de acuerdo con el Tratado de Niza es tan insostenible a medio plazo como la utilización cotidiana en las instituciones comunitarias de las pequeñas calculadoras repartidas por la presidencia alemana para conocer el resultado de las posibles combinaciones de voto de los estados miembros. No deja de ser una ironía que la pretendida democracia europea solo sea inteligible con unas pequeñas maquinas electrónicas fabricadas en China.
