El Gobierno, pese a que no estaba en su programa, decidió crear una comisión que investigue el tema de la energía, bajo el compromiso de que ésta no redunde en daños al medioambiente.
Nadie pone en discusión que Chile necesita con claridad definir cuál será la matriz energética de aquí al año 2020, cuando los requerimientos del país lleguen a los 11.000 megawatts de potencia. Los índices señalan claramente que las centrales hidroeléctricas pueden garantizar abastecimiento hasta dos décadas y que es necesario contar con los recursos hídricos de Aysén, aunque tampoco serán suficientes.
Y la realidad indica que la política exterior chilena ha sido incapaz de llegar a buen puerto en las tratativas con vecinos, como Argentina y Bolivia, quienes cuentan con el gas suficiente para solucionar este problema.
Por lo tanto, el Gobierno, pese a que no estaba en el programa de la presidenta Michelle Bachelet, decidió crear una comisión que investigue el tema de la energía nuclear, bajo el compromiso de que ésta no redunde en daños al medioambiente. El propósito de la comisión apunta a tres grandes ítems: escuchar y analizar la experiencia de otros países que se han perfilado a favor y en contra del uso de la energía nuclear; buscar alternativas rentables en los mercados que ofrezcan otras fuentes energéticas, y estudiar los avances tecnológicos que se están registrando en naciones altamente desarrolladas.
Hasta ahí, el asunto parece que va por un camino razonable. De buenas a primeras nadie se ha opuesto a estudiar el tema, ni en la derecha ni en los partidos que sustentan al Gobierno. Tampoco se ha cuestionado la idoneidad del grupo de 11 expertos, encabezados por el físico Jorge Zanelli, que comenzó a reunirse para los trabajos preliminares desde diciembre pasado, pero recién ahora en marzo comenzó sus actividades oficiales.
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