El primer parque eólico de México, La Venta II, que a partir de noviembre generará electricidad para 45 mil viviendas según los especialistas, se construyó con turbinas de vientos chatarras que no responden a los avances tecnológicos y sin permisos municipales de cambio de uso de suelo y de construcción, denunciaron campesinos y autoridades.
A unos días de que la planta eólica sea inaugurada, con la que México se colocará como líder en la producción eléctrica alterna en América latina, por encima de Costa Rica y Brasil, La Venta II enfrenta otras irregularidades, como la ausencia de medidas preventivas entre las que destaca la carencia de sensores o paros automáticos, para proteger las aves endémicas y migratorias procedentes de Norteamérica.
"Varios especialistas nos han dicho que cada uno de los 98 aerogeneradores del parque eólico está lejos de la competencia mundial porque apenas cuentan con el mínimo de su capacidad instalada de 850 kilovatios para atender 450 viviendas, contra las turbinas modernas de 4.5 megawats que suministran electricidad a 2 mil viviendas", explica Alejo Girón, un campesino opositor al proyecto de la CFE.
A pesar de que no olvidan que el esquema de pagos de la CFE, por la renta de las 750 hectáreas del parque eólico, "es ínfimo al colocarse por debajo del 1% de la facturación bruta anual, contra el tres por ciento que ofrecen otros desarrolladores eólicos privados y recuerdan que la construcción prohijó la corrupción y dividió a los pobladores, los campesinos impugnan ahora las características técnicas de proyecto.
"Las torres de las turbinas están a 44 metros de altura, contra los 80 y hasta 120 metros de altitud de otros parques modernos, la separación entre cada aerogenerador no cubre el mínimo de 170 metros de distancia y las aspas apenas cubren un diámetro de 52 metros, lo que aumenta su revolución por minuto y el parque está a 100 metros al norte de la población, entre algunos sembradíos de sorgo y tierras sin cultivos".
Todo eso, comentan los campesinos Alejo Girón y Benjamín Marcos, significa riesgos para las aves por la importancia del Istmo de Tehuantepec como ruta migratoria de rapaces, molestias a la población por el siseo de las aspas y por el efecto discoteca debido al amontonamiento de las turbinas de viento. Significa que la CFE sacrificó dinero y compró tecnología anticuada, dicen.
"¡No es cierto, no son turbinas chatarras!", responde el encargado del proyecto, Carlos García, quien abona a favor de la CFE que la planta reducirá la emisión de 325 mil toneladas de carbono a la atmósfera y acusa de esas versiones a los desarrolladores eólicos privados del extranjero "porque no han podido instalar sus aerogeneradores y presionan al Senado para que cuenten con una ley favorable de energía renovable".
En medio de esa polémica sobresale la acusación del alcalde juchiteco de extracción perredista, Alberto Reyna Figueroa, quien denuncia que "el primer parque eólico de México podrá tener cimientos de concreto, pero todo su andamiaje jurídico está fuera de toda norma, por encima de la ley, porque se levantó sin nuestra autorización para el cambio de uso de suelo y menos con el permiso de construcción".
A cambio de ambos permisos, aclara el munícipe, como gobierno municipal solicitamos que la CFE condone el pago del alumbrado público. ¡No pedimos dinero!, pero el silencio fue la respuesta, añade y advierte que antes de su inauguración, el parque eólico detonará un grave conflicto social porque "¡está fuera de toda legalidad!"
Los campesinos también cuestionan al gobierno municipal juchiteco. "En agosto les pedimos su ayuda para parar la obra ante tantas irregularidades documentadas ¿Por qué no pararon la obra? ¿Por qué no cuestionaron el proyecto desde su mismo arranque en noviembre del año pasado?"
Por lo pronto, los ejidatarios que se negaron a rentarle a la CFE sus parcelas, a pesar de que están dentro del polígono original de mil 300 hectáreas que ocuparía el parque eólico y la subestación eléctrica, piden que el Senado investigue si hubo irregularidades en la compra de los aerogeneradores y en la construcción que beneficiaron a las españolas Gamesa e Iberdrola, con una inversión de mil 300 millones de pesos.
"Vamos a pelear por la defensa de las tierras indígenas, del medio ambiente, de la industria eléctrica y de la soberanía nacional", advierte el dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas, quien el jueves encabezó la clausura simbólica de las turbinas de viento, al término de un foro que reunió a especialistas con campesinos para analizar los impactos de La Venta II.
source: BajaeNergy Blog
Manuel Torres Laveaga
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